El gerente de la Concesionaria Vial de Honduras (Covi Honduras), David Palma, retó este lunes al Gobierno de la presidenta Xiomara Castro a rescindir el contrato que se mantiene con la concesionaria encargada del mantenimiento de la carretera CA-5 que desde Tegucigalpa conduce al norte del país.
La polémica se generó luego que Covi Honduras anunciara el domingo un aumento al cobro del peaje; luego, la presidenta Castro instruyó a la concesionaria retirar el aumento al cobro del peaje, dando un ultimátum de 24 horas para acatar la orden.
Tras ello, Covi Honduras , un consorcio de capital ecuatoriano, emitió un comunicado en el que tildó de una «decisión política, unilateral e incosulta» la orden de revertir el cobro del peaje, pues consideraron que esto pone en riesgo el mantenimiento de la carretera CA-5.
«Si cumplir con las obligaciones legales del contrato no cabe en las políticas de este gobierno, tienen entonces la potestad de darlo por finalizado y cumplir con las obligaciones que el proceso contractual establezca, quedando así el Estado de Honduras a cargo del mantenimiento en la carretera», manifestó Palma.
Aumento no requiere autorización
Covi Honduras alega que el contrato, firmado en 2012, suscrito con el gobierno no requiere de ninguna autorización para la aplicación de los ajustes a la tarifa del peaje y que su reversión se efectuó luego de haber recibido la comunicación formal de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
La SIT invitó a las autoridades de Covi Honduras a una reunión el próximo miércoles 18 de enero para tratar de solucionar las diferencias dentro de los plazos razonables que establece el contrato.
«Atenderemos el llamado de la presidenta Xiomara Castro, a quien gustosamente le explicaremos los alcances del contrato y estaremos abiertos a aclarar cualquier detalle a diputados y miembros del Poder Ejecutivo«, señaló Palma.
El domingo, la SIT instó a la Covi Honduras a revertir el incremento al cobro del peaje e indicó que no se ha autorizado ningún incremento al cobro de los peajes, ya que esto «no responde a los intereses del pueblo».
